• Jaina 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • chapaca
  • chapaca
Calle Ingavi O-760 Casilla 39
Tel.: 591-4-6630825
 

Tarija- Bolivia

Gran Chaco

Genocidios de Sri Lanka, en un filme

Sotomayor: “Estamos siendo colonizados desde la alimentación que recibimos”

Alcances de conflictos mineros serán expuestos en un libro

Genocidios de Sri Lanka, en un filme

Zona Libre de Fuego de Calum Mac Rae es un documental de 93 minutos nominado al Emmy que cuenta la historia de los últimos meses en los 26 años de guerra civil en Sri Lanka.

En esta oportunidad, la Comunidad de Estudios Jaina y la Fundación Cinemateca Boliviana proyectarán el filme de manera gratuita hoy a las 20.00 en la Sala Amalia Gallardo de la Cinemateca. además de contar con la presencia e intervención del director.

Producido en 2013, recientemente actualizado y prolongado en 2015, con nueva y relevante evidencia, la historia es contada por las personas que vivieron la guerra –usando material visual único que documentan los hechos de forma impresionante y dramática– y constituye una prueba clara de los crímenes de guerra, las ejecuciones sumarias, la tortura y la violencia sexual.

Las imágenes fueron grabadas por las víctimas y los perpetradores en sus teléfonos móviles y pequeñas cámaras durante los últimos 138 días del infierno que forma la narrativa central de la película.

Callum Macrae es un multi-galardonado cineasta, escritor y periodista. Fue nominado al Emmy, Bafta y Grierson, y durante los últimos dos años consecutivos ha sido nominado como uno de los directores top 3 del Reino Unido de la revista Broadcast.

Sotomayor: “Estamos siendo colonizados desde la alimentación que recibimos”

Escrito por  NATALIA SEAS YELMA/EL PAÍS

“La seguridad y soberanía alimentaria no significa tener gran cantidad de alimentos de reserva”, así lo explica la investigadora Carmen Sotomayor (CS) quien hace un seguimiento y monitoreo a las políticas nacionales en torno a este tema.

Sotomayor llegó a la ciudad de Tarija por iniciativa de la organización Comunidad de Estudios JAINA, que durante un año trabajó en diversos talleres y conversatorios sobre la seguridad y soberanía alimentaria. 
La investigadora expuso a El País Expansión Nacional (EPeN) su preocupación sobre la falta de reglamentos que posibiliten a las alcaldías y gobernaciones trabajar en programas para una alimentación responsable, en base a los productos que son propios de cada región, valorando no solo el nivel nutricional sino también la connotación cultural de cada producción.

EPeN: A través de diversos talleres ha buscado ampliar la visión sobre la seguridad y soberanía alimentaria, según sus investigaciones ¿cómo ha avanzado Bolivia en este tema?
CS: Bueno tenemos una amplia normativa que hace a la soberanía alimentaria, que viene desde la Constitución Política del Estado y diferentes normas que se van aprobando en torno a una propuesta de soberanía alimentaria, sin embargo, en los hechos vemos que es un tema muy inestable. 
Hemos seguido avanzando en el marco de una propuesta de seguridad alimentaria y lo que nos toca es instrumentalizar esta propuesta, y nos referimos a que no hay que ver este tema desde un bloque productivo, del producto que tenemos o la gran cantidad de productos que tenemos, sino poner en el centro de las políticas públicas a los que producen los alimentos y a los que los consumen. 
Por otro lado es importante ver que la soberanía alimentaria te plantea una serie de aspectos como la diversificación productiva, la implementación de sistemas productivos sustentables, la gestión territorial, la gestión de los recursos del suelo y agua, la propiedad de las semillas en manos campesinas y también el acceso a la tierra y el territorio. Va más allá de pensar qué tenemos para comer o cuánto vamos a gastar en la lucha contra el hambre, se requieren otras políticas estructurales para apoyar a esas familias que hacen agricultura diversa y que significan el 83 por ciento de la producción en el país.

EPeN: A las autoridades que elaboran las políticas públicas cómo se les puede explicar que seguridad y soberanía alimentaria no significa tener gran cantidad de alimentos. 
CS: Creo que muchos de los alcaldes y gobernadores conocen la importancia de hablar y vivir la biodiversidad agropecuaria, porque además es la manera en que diversificas también tus riesgos. Pero lo que veíamos ahora es que hay como un autismo financiero administrativo, porque siempre te van a pedir resultados económicos más allá de los resultados sociales. Entonces tenemos que trabajar primero en visibilizar qué es la integralidad de los sistemas productivos sustentables, cómo se miden, como no solo vale el producto que se lleva al mercado sino también toda la historia cultural, el patrimonio y el manejo de la tierra. 
El otro punto importante en el que hay que trabajar es en el sistema de consumo, hay que promover un consumo responsable y en el marco del comercio justo. Cuando hablamos de un consumo responsable es ver qué estamos comiendo,  resguardar nuestro patrimonio cultural,  consumir alimentos que no contaminen al medio ambiente, reducir todos los efectos por la contaminación de los agroquímicos  o por la basura que se genera, es un consumo responsable que tiene que ver con la salud de las personas. 
Según la página web del Ministerio de Salud, en las principales ciudades del país hay una incidencia de diabetes de aproximadamente 17%, Santa Cruz lidera como el 10% en temas de diabetes, entonces es importante ver que estas enfermedades no transmisibles son parte de la alimentación que estamos recibiendo. Con el azúcar, por ejemplo, vemos que si bien Bolivia produce 16 millones de toneladas métricas en alimentos, 8 millones de toneladas son caña de azúcar, entonces más de la mitad de lo que se produce tiene que ver con el azúcar y otros dos millones de toneladas es soya y los empresarios del oriente admiten que esa soya es transgénica en un 98%. Entonces, si hacemos una evaluación de los productos que estamos poniendo en la mesa de los bolivianos, veremos que no son productos diversos. Lo que hace la agricultura familiar-comunitaria es precisamente poner alimentos diversos y sanos. 
Ese aspecto lamentablemente no se puede evaluar porque no tenemos una canasta básica nacional, no tenemos canastas básicas regionalizadas y eso debería tener cada departamento, porque Tarija tiene una composición de alimentos muy diferente a la que tiene Cochabamba o La Paz. Incluso climatológicamente tu cuerpo necesita otros tipos de alimentos según el área que vivas, por ejemplo, en el altiplano la quinua baja la cantidad de glóbulos rojos en la sangre  y eso es propio de las personas que tienen que vivir en la altura. Cuando hablamos de la carne, la de camélidos tiene un alto contenido proteico y un bajo contenido de colesterol y esa característica es súper importante al momento que tienes que ingerir alimentos. 
Entonces cada departamento tiene sus propias características productivas y en función a eso debería tener sus características alimenticias  con las canastas regionalizadas. Es necesario ver que Bolivia no solo tiene nueve productos estratégicos, sino que hay una diversidad de productos estratégicos desde el punto de vista alimenticio de las poblaciones.

“Los niños ahora cuando van a escuela ya no toman un jugo de mocochinchi, se toman una coca cola (…) Se tienen que reforzar los patrones culturales”

EPeN: Según las investigaciones que ha realizado, ¿ha visto una incidencia en las políticas municipales y departamentales hacia la seguridad y soberanía alimentaria? ¿O este tema se maneja más a nivel central?
CS: Yo he revisado más políticas de nivel nacional. En el caso específico de Tarija, por ejemplo, hay leyes como la alimentación complementaria escolar que es bien importante y ha servido como ejemplo para el nivel central y también para Santa Cruz. Entonces algunos departamentos están liderando leyes en torno a la soberanía alimentaria, pero todavía hay un bagaje de leyes que se han hecho a nivel central y que es necesario regionalizarlas. 
Pero el problema de estas leyes es que no han marcado claramente el nivel competencial que debería darse a los diferentes niveles del Estado, el reto es que al momento de elaborar las normas se piense en el nivel competencial, para que los departamentos puedan operar esas leyes.

EPeN: Usted mencionaba que existen unas 60 leyes nacionales que están vinculadas a la soberanía alimentaria, ¿estas normas tienen el efecto esperado o son leyes que se quedan en papel?
CS: Tenemos leyes enunciativas y otras mucho más operativas, porque están vinculadas a programas como Mi Riego, Mi Agua, las leyes que tienen que ver con la reforestación, que son bastante puntuales y se están ejecutando. Pero también hay las que son marco, que deberían tener reglamentaciones específicas para funcionar y por eso quedan en carácter enunciativo, porque el reglamento que le da el carácter de obligatoriedad no se ha construido todavía. 
Lo que tenemos, por ejemplo, para la Ley 144 (de Revolución productiva, comunitaria y agropecuaria) es que solamente se han reglamentado seis de los artículos, de los 38 que deberíamos tener. Y uno de ellos, que es un cuello de botella, es la reglamentación de asociaciones económicas comunitarias y la revolución productiva que está basada en fomentar la organización económica comunitaria. Entonces mientras no salga este decreto, la ley no va poder aplicarse porque los que tienen que hacer el desarrollo, trabajar desde lo local, son las comunidades desde una mirada económica. Esto no significa que se va crear nuevas organizaciones, sino que se está dando potestad a las comunidades a hacer acciones económicas que antes no tenía.

“Bolivia produce dos millones de toneladas de soya y el 95% se va a la exportación, entonces cómo podemos hablar de una seguridad alimentaria si la mayor parte se exporta”

EPeN: ¿Cuán importante es la educación para sembrar este concepto de seguridad y soberanía alimentaria?
CS: Es fundamental, uno de los aspectos que hemos visto para la constitución de la soberanía alimentaria, es que no vamos a tenerla si no fortalecemos la autoestima y la autosuficiencia. 
Y cuando hablamos de la autoestima, estamos viendo que estamos siendo colonizados, de alguna manera, desde la alimentación que recibimos. Antes la demanda de trigo era mucho menor, ahora creció, pero por el tema de las pastas, pan y masas. Hemos dejado de consumir los maíces en el desayuno, los plátanos y otros productos que antes poníamos en la mesa, y eso es parte de la educación que recibimos. 
Los niños ahora cuando van a escuela ya no toman un jugo de mocochinchi, se toman una coca cola, entonces la forma en que llevamos la educación, con respecto a la alimentación, no solamente tiene que ver con que si es o no nutritivo, tiene que ver también con reforzar esos patrones culturales respecto a los alimentos que consumimos. El dulce es otro ejemplo, vemos que el desayuno escolar contiene muchos dulces, en la cantidad de azúcar que se pone a la leche, el azúcar que le ponen al yogurt para hacerlo más agradable a los niños. 
Ahora se debería establecer la canasta básica de Tarija y en función a eso ir promoviendo los cultivos para que los productores puedan vincularse con los consumidores. Aquí compran pastas, azúcar, aceite para preparar un fideo o algo así para los escolares y eso no es saludable, mientras se deja de lado productos como el amaranto, que se produce en Tarija y que tiene un contenido proteico más alto que la quinua. 
Entonces se deben ver los productos que se tiene en la región y comparar con los que se introduce y que no siempre son de buena calidad. Se puede dar una alimentación más saludable pero desde las potencialidades y de la diversidad que tiene cada una de las regiones.

EPeN: ¿La soberanía y la seguridad alimentaria van ligadas al aumento de tierras productivas?
CS: Va ligada sobre todo a la diversificación y al rescate de la mayor productividad. Ahora nosotros estamos acostumbrados a evaluar el cultivo, o sea, cuánto rinde ese cultivo. No estamos acostumbrados a evaluar cuánto rinde este sistema productivo, o sea, no tenemos medios para evaluar los sistemas de producción. 
¿Eso qué significa? La diversidad de productos que se produce, la cantidad de animales que tienes, las hierbas que la familia recolecta, puede llevarla o no al mercado, son una serie de estrategias campesinas que se articulan, eso es la soberanía alimentaria.

EPeN: ¿El cambio climático jugará un papel importante en el proceso de garantizar seguridad y soberanía alimentaria?
CS: Sí, de hecho vamos a ser bastante vulnerables con la sequía. Por eso en la propuesta de soberanía alimentaria se plantea el acceso y el manejo del agua, que esa agua priorice el riego para el cultivo diverso y no para los productos de exportación, que se priorice el agua para alimentación local antes que para la minería. Entonces esos componentes, que ya son de tipo político, se trabajan dentro de lo que es la soberanía alimentaria, porque la seguridad alimentaria te va decir ese territorio va sufrir hambre y se necesita pensar en que se debe traer, mover o importar los alimentos para proveer a quienes lo precisan.

“Sería un daño terrible introducir transgénicos”


 EPeN: ¿Se puede justificar el uso de los transgénicos para garantizar seguridad alimentaria?
CS: En Bolivia solo hay un producto transgénico autorizado con esa mirada, y es la soya. Pero de esos dos millones de toneladas que Bolivia produce, el 95% se va a la exportación, entonces cómo podemos hablar de una seguridad alimentaria si la mayor parte de la soya transgénica se exporta. Distinto sería si la soya pudiera mantener los sistemas productivos campesinos, pero no lo hace, porque no paga impuestos, es el tercer rubro de exportación que hay en el país pero no deja una regalía a nivel nacional, paga impuestos muy bajos porque los productores están acogidos al régimen agropecuario unificado y por lo tanto el nivel de aporte al Estado es bastante bajo.

EPeN: ¿En el Gobierno nacional en algún momento se analizó la idea de ampliar los cultivos transgénicos para garantizar la seguridad alimentaria? 
CS: Sí, en algún momento se propuso trabajar con maíz transgénico, pero eso es inaceptable en un país como el nuestro, porque tiene la segunda línea genética que viene después de México. Entonces tenemos una diversidad de maíces que no tienen otros países y la Ley 144 prohíbe introducir paquetes tecnológicos cuando tienes una alta diversidad de productos a nivel nacional.
Ahora tenemos una diversidad de maíz, pero estamos dejando de producir esa variedad para sembrar únicamente el maíz para alimentar a los pollos, ¿para qué? Para que las grandes ciudades sigan comiendo más pollos.

EPeN: ¿Bolivia debe descartar los transgénicos en la producción agrícola?
CS: Sí, efectivamente. Ahora ya hay una autorización que se dio para la soya y ahí se debería quedar, en el caso del maíz no se debería ni siquiera pensar en meter maíz transgénico. El Chaco tiene una inmensa diversidad de maíces que se verían afectados, la producción ecológica certificada se vería afectada. El maíz es un producto que está en todas las mesas, en todos los hogares bajos diferentes formas y realmente sería un daño terrible, económico y ambiental, introducir transgénicos.

EPeN: ¿Qué papel juegan las organizaciones productivas para evitar que el Gobierno piense en algún momento introducir producción transgénica?
CS: El rol fundamental es que se reconozca la función ambiental que cumple la diversidad productiva, la función que cumple este tipo de agricultura en la salud de las familias bolivianas. Porque esta producción se da de manera más responsable, sin agroquímicos, sin intereses empresariales.

 

Alcances de conflictos mineros serán expuestos en un libro

Escrito por  ROBERTO PATIÑO / EL PAÍS

Con el objetivo de instalar temas de repercusión nacional en el debate regional, la Comunidad de Estudios Jaina en coordinación con la Fundación Unir Bolivia presentan hoy el libro “La Veta del Conflicto. Ocho miradas sobre conflictividad minera en Bolivia (2012-2014)” y que aborda desde diferentes perspectivas, los núcleos temáticos centrales que el título describe.

 

Además, en el camino de privilegiar espacios de trabajo, la Comunidad se vinculó a Unir y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) para traer a Tarija experiencias y aprendizajes generados en las investigaciones que realizan estas entidades para abrir líneas de pensamiento, en este caso el tema minero, detalló la directora de Jaina, Pilar Lizárraga.


Impactos
Sin embargo, según Lizárraga, si bien esta problemática puede corresponder a otros departamentos, impacta en la vida de los tarijeños, las poblaciones indígenas y campesinas porque se ven afectadas con lo que implica el concepto de producción minera.
“La intención es que Tarija se relacione y se vincule a estos otros procesos a nivel nacional, qué pasa con el tema minero en términos de los conflictos y lo que pasa con el concepto de producción minera, el impacto que tiene en la propia configuración del Estado, los medios extractivistas y el bien común”, explicó. 
Por su parte, la presentación del director ejecutivo de Unir, Antonio Aramayo Tejada, señala que el libro busca dar continuidad a la serie de análisis temáticos que se vienen produciendo y publicando en los últimos años, esta vez concentrándose en un tema que ha cobrado gran protagonismo en la agenda pública nacional: la conflictividad en el sector minero. 
El libro se compone de ocho artículos temáticos y de un análisis prospectivo general. Los primeros trabajos conforman el telón de fondo indispensable para comprender la situación actual de la minería en Bolivia, tanto desde una perspectiva sociopolítica como económica, así como las causas y alcances de los conflictos sociales del sector. 
En el primer texto, María Soledad Quiroga realiza un repaso a la trayectoria histórica de los trabajadores mineros, reflexionando sobre su rol en la actualidad; en el segundo, Eliodoro Sandi expone y analiza el papel de la minería en la economía boliviana y en el desarrollo nacional, regional y local; en el tercero, Alejandro Arze se refiere a los rasgos de los conflictos mineros: los actores, los niveles de violencia que presentan y las características de los procesos de gestión de estos casos, entre otros asuntos.

Análisis
El segundo conjunto de artículos tiene el propósito de analizar los temas que más conflictos generaron (y continúan generando) en el sector, entre 2010 y 2014, desde la perspectiva de los autores. Así, Dionisio Garzón presenta el panorama normativo que regula la actividad minera, particularmente en lo que respecta al régimen tributario, y expone los nodos de conflictividad en el sector.
Pablo Poveda se refiere a la distribución de áreas de explotación minera y a las pugnas entre actores por controlarlas; Carlos Arze aborda las características y causas de los conflictos laborales en el sector; Emilio Madrid analiza, por un lado, los conflictos por impactos socioambientales de la minería, y se refiere, por otro, a las tensiones entre los derechos de los pueblos indígenas y las dinámicas de esta actividad económica.
El apartado final del libro sistematiza los resultados de un taller de análisis prospectivo realizado con la participación de los autores de la publicación, junto con otros especialistas invitados y el resto del equipo de Investigación en Conflictividad Social de la Fundación UNIR. Después de la sesión de reflexión colectiva, los asistentes identificaron las variables que, en un horizonte temporal de dos años, tendrán influencia en la conflictividad del sector minero.

El rol de la minería durante la historia
 La explotación y exportación de recursos naturales ha sido, a lo largo de la historia, -sostiene Jimena Avejera Udaeta en la introducción del libro- el principal sustento económico de Bolivia. La minería en particular tuvo un rol importante desde la Colonia, constituyéndose en la actualidad en uno de los pilares de la economía nacional, junto con los hidrocarburos. 
Durante los últimos años el Estado boliviano ha venido atravesando por un proceso de rediseño institucional, al cual el sector minero no ha resultado ajeno, generándose en su interior nuevas dinámicas políticas, sociales y económicas. 
Estos elementos, además de otros de carácter estructural y coyuntural, son esenciales para comprender la pluralidad de conflictos sociopolíticos que periódicamente tienen lugar en el ámbito de la minería.
Si bien, en comparación con otros tipos de conflicto, los casos mineros no son los más numerosos (4 % del total entre 2010 y 2014), su cantidad se ha ido incrementando en el transcurso del tiempo. 
Además, presentan importantes niveles de violencia, no sólo por la radicalidad de las medidas de presión a las que muchas veces recurren los actores movilizados, sino también porque en repetidas oportunidades se han producido enfrentamientos entre partes. 
Todo esto, sumado a la importancia que la temática tiene actualmente en la agenda pública nacional, torna indispensable el análisis de las características, las causas y los efectos de estos conflictos.
Con tal objetivo, se ha solicitado a siete profesionales de reconocida trayectoria el abordaje y análisis de diferentes temas, intentando ofrecer, en conjunto, un panorama plural y multidisciplinario sobre la situación actual de la minería y las dinámicas de la conflictividad que giran en torno a ella.