El programa de transferencias directas a las comunidades campesinas, llamado Prosol, es sin duda la política pública de desarrollo rural más exitoso de la historia de Bolivia, y esto se debe, en primera instancia, a que es una política ideada, diseñada y ejecutada por el propio sujeto social que es destinatario del mismo, el pueblo campesino, cuya lógica básica consiste en eliminar al político intermediario que se apropia corruptamente del recursos público bajo el camuflaje del proyecto de desarrollo, que es la modalidad imperante de inversión pública.
A diferencia de todos los otros modelos de inversión para el desarrollo rural, el Prosol garantiza la transferencia de recursos económicos públicos a todas las comunidades y familias campesinas e indígenas del departamento de Tarija, que son usados según un reglamento que estipula claramente quien es el beneficiario, cómo se habilita, y como se usa el recurso.
Irónicamente, a pesar de su impacto sin precedentes en la producción comunitaria campesina, la actual administración de la gobernación se ha planteado desarticular este programa, afirmando una serie de argumentos sin el sustento de datos verificables, sino que se impulsa una intensa campaña mediática que interpreta subjetivamente circunstancias casuales para generalizar una evaluación falsa y negativa del Prosol. 
Para desvirtuar que es un derecho del pueblo campesino, se ha tratado de decir que el Prosol es un regalo, o un bono, lo cual es falso, no es ningún regalo ni concesión solidaria de nadie, es una política que le corresponde al pueblo campesino con todo derecho, es una transferencia condicionada que tiene un destino específico precisado por la Constitución Política y el Estatuto Autonómico, cual es fomentar la producción comunitaria campesina para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria departamental, pues los campesinos son los que producen alimentos frescos y culturalmente adecuados, siendo una obligación constitucional del Estado apoyar, por tanto, un derecho de los campesinos. Contrario a lo que la prensa difunde como algo cierto, no es un recurso de libre disponibilidad, ni se entrega en dinero efectivo a las familias campesinas, sino que se deposita en una cuenta comunal, desde donde se paga directamente a los proveedores de servicios y/o productos que la comunidad contrata en base a un proyecto comunitario.
Se ha dicho también que es un despilfarro y una cantidad exagerada de plata que se les da a los campesinos. Falso. En ocho años de implementación (2008-2015), según datos de la unidad gestora del Prosol y del SIGEP, el Prosol ha transferido a las comunidades 1.265 MM de bolivianos, y en el mismo periodo el departamento ha recibido 22.117 MM, lo que significa solo el 5% del presupuesto departamental, pero ha beneficiado con gran impacto alrededor de 40.000 familias campesinas por año, las que han recibido en promedio 4.040 bolivianos por familia y por año. Sin embargo, la prensa replica, sin hacer una suma y resta básica, que es “una cantidad enorme de dinero”. ¿4.040 bolivianos por familia campesina-indígena al año es una suma que pone en peligro la economía departamental? No lo creo.
Se difunde que el Prosol está plagado de corrupción y por tanto se demostraría su fracaso, sin embargo, según datos de la propia Secretaria de Justicia de la gobernación de Tarija, se tienen unas 170 denuncias de corrupción, de las cuales alrededor de 40 han concluido el proceso judicial, pero esto es de ¡6.066 iniciativas productivas!, es decir, menos del 1% tiene proceso que demuestran algo, y eso absolutamente no es un indicador de fracaso, por el contrario, demuestra un modelo muchísimo más eficiente que el que usa, por ejemplo, la gobernación en el Sedag.
Se habla de supuestos hechos de corrupción generalizada, basados en ejemplos que ofrecen voceros gratuitos que no están certificados por las instancias competentes, es decir, ¡no se tiene una sola auditoria para respaldar estas afirmaciones! Solo una auditoría hecha por el órgano público correspondiente podrá decir si hubo o no corrupción, y en que magnitud. Todo lo que ha hecho hasta ahora la gobernación es especulación malintencionada.
Se ha dicho también que el Prosol es un fracaso porque los precios de los productos agropecuarios no han disminuido, pero no se aclara que el Prosol solo incide en el costo de producción, y que los precios de comercialización de los productos al consumidor ya no están bajo el control de los productores, sino de los intermediarios, y en todo caso habrá que exigir a los gremios de los intermediarios que expliquen las razones por las cuales cobran lo que cobran, en desmedro de la economía de la familia tarijeña.
Se dice que el Prosol es un fracaso porque no se ha desarrollado la producción en las comunidades, absolutamente falso, pues con el Prosol se ha mecanizado la producción comunitaria, se ha tecnificado el riego, se ha ampliado la frontera agropecuaria habilitando nuevos terrenos, dotando de riego a terrenos a secano, cercando terrenos que antes estaban desprotegidos y expuestos a pérdidas por daños de animales, se han instalado centros comunales de transformación diversos, y lo que es más importante, se han desarrollado las capacidades comunitarias de gestión del desarrollo productivo. No existe otro programa de desarrollo productivo, ni público ni provado, que pueda atribuirse esta magnitud de logros.
A pesar de todo eso, la lucha campesina por defender su derecho a la inversión pública directa es descalificada por la clase dominante, la gobernación los acusa de intransigentes en el manejo del conflicto por defender el Prosol, cuando se tienen numerosas cartas recepcionadas de parte de la FSUCCT instando al dialogo y cumplimiento de la ley, resoluciones de ampliados y actas conjuntas donde la gobernación se compromete a cumplir con los desembolsos, pero nunca cumple; y cuando los campesinos asumen medidas de presión para exigir el cumplimiento de la ley, se las descalifica acusándolos de querer desestabilizar la administración prefectural, sin embargo, la gobernación emite sin consulta alguna un decreto que prácticamente elimina al Prosol como política comunitaria, pues lo coloca en el modelo de ejecución controlada por los políticos. Sin embargo, frente a medidas del gobierno nacional que supuestamente afectan los recursos departamentales, usan un discurso contrario, y el uso de medidas de presión ahí si es justificado. 
Los resultados de la inversión pública bajo el modelo de la transferencia directa son impresionantes, ningún otro proyecto de desarrollo rural ha logrado lo que las propias comunidades campesinas han hecho, y en ocho años de implementación, con recursos muy limitados (porque 6.000 bolivianos por familia al año es un monto muy modesto), han logrado hacer lo que nunca hizo el Estado con su modelo de inversión controlada por intermediarios en el campo: desarrollar una base productiva comunitaria.
Sin embargo, desde la gobernación se ha desplegado un discurso agresivo basado en especulaciones para desacreditar estos logros impresionantes, lo cual indica que el análisis del Prosol no es solo técnico, es sobre todo un análisis político e histórico, sino no se explica la reacción virulenta de las clases dominantes que se empeñan en destruir este programa que potencia las capacidades organizativas y políticas del pueblo campesino.
No se debe perder de vista que el Prosol surge a raíz de la lucha campesina por lograr la redistribución equitativa del excedente generado por la explotación de los hidrocarburos, y este es un aspecto central para evaluar los resultados de su implementación, pues es un logro político de la lucha social que le arrebata una parte del excedente a las clases dominantes, y es de esperar que la clase dominante busque la forma de revertir esa derrota. Así, no importa lo eficiente y exitoso que pueda ser el Prosol, en el fondo lo que la clase dominante busca es su destrucción, ya que es un modelo de inversión pública que cuestiona y desnuda la forma de despojo que aplica esta clase, y su existencia es un peligroso mal ejemplo que los otros sectores sociales subalternos pueden seguir. No de gana salen algunos voceros a cuestionar del “peligro de pulverizar el presupuesto departamental”, sin considerar su implicancia democratizante, pero sin decir nada del peligro de concentrar el poder de decisión sobre el uso de los recursos públicos en muy pocas manos.
Los campesinos son, por otro lado, los descendientes de los arrenderos de los latifundios hacendales de los que se liberaron a mediados del siglo pasado, y que se hallan ahora en una fase de conquista de los derechos económicos, políticos y culturales que la clase dominante aún les niega. Por así decirlo, están enfrentados como clase desde tiempos coloniales.
Por esa razón, el Prosol no puede ser considerado como un simple programa de desarrollo productivo que puede ser medido con simples indicadores económicos clásicos, como la productividad, como pretenden hacer ver los voceros de las clases dominantes, sino que es una política de restitución de lo usurpado a lo largo de la historia colonial y republicana, una política para reconstruir las condiciones productivas comunitarias campesinas, un pago de una deuda histórica que tiene el Estado hacia los campesinos, que aún está lejos de haber sido saldada, una conquista campesina que ha sido consolidada como derecho mediante una ley nacional y una constitución política que obliga al Estado a cumplirla.
Frente a la movilización campesina por defender su derecho, se promueve desde las clases dominantes la posibilidad de dirimir el “lío” con un referendo, negando de frente los derechos del pueblo campesino. Desde esta perspectiva, la pretensión de someter el Prosol a un referéndum es ante todo un intento de disciplinamiento colonial al arrendero sublevado.
Ante el posicionamiento campesino de defender su derecho, los voceros de las clases dominantes afirman que en realidad no se está quitando el Prosol a los campesinos, pues el decreto 012/2016 dice que seguirá pagándose el mismo, pero bajo control de los políticos, bajo una nueva institucionalidad que le quita toda posibilidad de autonomía comunitaria; y como alternativa incluso se plantea reorientar este programa y convertirlo en un sistema de crédito, lo cual sería un descarado despojo a la economía comunitaria en favor de la economía privada, vulnerando abiertamente el principio constitucional de la economía plural, que obliga al Estado a apoyar equitativamente a las formas económicas comunitaria, asociativa, privada y estatal.
La evaluación del Prosol entonces debe considerar indicadores que permitan medir el logro de estos objetivos políticos del pueblo campesino, además de los objetivos técnicos implícitos, pues el objetivo del programa no es solo mejorar la producción, sino reconstruir la autonomía del pueblo campesino, lo cual queda claro con la resolución de la FSUCCT que anuncia profundizar ese camino ante la negativa de las clases dominantes para respetar la institucionalidad del Prosol.

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